Noticias de Portada de Periódicos
El mapa de los rebrotes de este martes, en el que España acumula ya 123 focos dispersados por todo el país y 263 nuevos positivos en las últimas 24 horas, llega marcado por el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la decisión del president de la Generalitat, Quim Torra, de confinar a la población de la comarca del Segrià donde, según datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado en 24 horas 151 nuevos casos y cuenta con 20 brotes.
Europa Press
El Gobierno ha diseñado para homenajear a las víctimas de la pandemia de Covid-19 una ceremonia de Estado de carácter civil, para la que no hay precedentes, que estará presidida por el Rey y a la que asistirán un centenar de víctimas y familiares y alrededor de 300 invitados más, incluidos los poderes del Estado, las autoridades europeas y representantes de la sociedad civil.
Europa Press
La senadora del PP María Salom ha acusado este martes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de violencia de género y de ser un "recalcitrante machista" por haber guardado durante un tiempo la tarjeta que le hicieron llegar del móvil que le habían robado a su ex colaboradora Dina Bousselham, antes de devolvérsela. Por esta actitud, y por sus "mentiras", la senadora 'popular' ha pedido su dimisión.
Europa Press
El Congreso vota el fondo autonómico de 16.000 millones para afrontar la crisis del Covid
El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado el pasado 16 de junio por el Gobierno con los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable entre las comunidades autónomas para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Europa Press
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha eludido este martes concretar si el Gobierno apoya que el rey emérito abandone el Palacio de la Zarzuela como residencia habitual, aunque sí ha asegurado que el Ejecutivo "celebra" todas las medidas "pasadas y futuras" adoptadas por la Casa Real con el objetivo de aumentar su "transparencia" y "ejemplaridad".
Europa Press
El Congreso valida el miércoles la prórroga de los ERTE y la prestación de autónomos
El Pleno del Congreso votará este miércoles el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 26 de junio para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) asociados al Covid-19 y la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad se haya visto mermada con la crisis, así como la creación de un nuevo fondo de garantías para la gran industria.
Europa Press
El Govern pide a L'Hospitalet no salir de casa ni reunirse en grupos de más de 10
La consellera de Salud, Alba Vergès, ha enumerado este martes una serie de recomendaciones como medidas de contención de la expansión de los brotes de coronavirus en tres barrios de L'Hopitalet de Llobregat (Barcelona) entre las que destacan las de pedir a estos vecinos que se queden en casa y solo salgan por motivos necesarios, y evitar las reuniones de más de 10 personas en el ámbito público y privado.
Europa Press
La oposición fuerza que el Congreso celebre un Pleno de control al Gobierno la próxima semana
El Congreso celebrará finalmente sesión de control al Gobierno la próxima semana, al contrario de lo que estaba previsto, tras la insistencia de los grupos de la oposición, que han logrado convencer de su convocatoria al PSOE y Unidas Podemos.
Europa Press
El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, ha insistido este martes al PSOE para que reconsidere su negativa a que la Cámara Baja cree una comisión de investigación relativa al Rey Emérito porque las últimas noticias sobre sus "posible actuaciones fraudulentas", además de "perturbadoras e inquietantes", como las calificó el presidente Pedro Sánchez, son "inadmisibles".
Europa Press
Desde que finalizó el estado de alarma se han producido 171 brotes en España, 120 permanecen activos
Desde que finalizó el estado de alarma se han producido 171 brotes en España, de los cuales 120 permanecen activos, según ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Europa Press
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Reino Unido sin Huawei: cesión a EEUU, desaire a China y paradójico impulso a empresas europeas
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Sebastián ficha al exministro Caamaño para querellarse en el 'caso BBVA-Villarejo'
El exdirector de la Oficina Económica de Moncloa y exministro de Industria contrata al bufete del exministro de Justicia Francisco Caamaño para iniciar acciones penales y civiles. Leer
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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en la llamada pieza Pintor del caso Villarejo.
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Richart y Soriano tienen esta semana un invitado muy especial: uno de los liberales-libertarios más interesantes, diferentes y seguidos de España.
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El presidente gallego ha concedido una entrevista a Es la Mañana de Federico tras conseguir su cuarta mayoría absoluta este domingo.
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Montero aplaude las "medidas futuras" que pueda emprender Felipe VI para avanzar en "transparencia y rendición de cuentas".
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"Reducen el aforo un 50%, pero los alquileres y los impuestos los tienes que pagar al 100%", denuncia la presidenta de una asociación de empresarios.
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Rodríguez Zapatero reparte consejos en un foro para México olvidando la historia? y lo ocurrido durante su propia etapa como presidente.
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El Real Madrid no quiere celebraciones y pide a su afición no acudir a la Cibeles
El club no está dispuesto a poner en riesgo la salud de sus aficionados.
Libertad Digital
La Mesa del Congreso dio ayer luz verde a la tramitación de la comparecencia del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, por el escándalo sexual protagonizado por el ya exdirector financiero del grupo público, Roberto Ducay.
Los populares solicitan explicaciones por la tardanza de Serrano en destituir al citado alto cargo, después de que éste compartiera la imagen de una prostituta desnuda sin el aparente consentimiento de ésta y alardeara de haber regateado y conseguido que la mujer rebajara el precio de sus servicios sexuales, en el grupo de Whatsapp de la Asociación Española de Directivos.
Ducay fue expulsado de manera fulminante del citado grupo y de la citada organización. Sin embargo, Serrano lo mantuvo en su puesto y, oficialmente, no le pidió explicaciones hasta que ABC se puso en contacto con la empresa pública por este escándalo. Fue en ese momento, cuando Ducay presentó su renuncia al puesto. Sin embargo, este periódico pudo confirmar que Serrano tenía un sustituto preparado para Ducay desde días antes de lo que se deduce que conoció el escándalo con anterioridad.
Por ello, los populares solicitaron que el presidente de Correos explique «los motivos por los que no cesó de manera inmediata» al ya exdirector financiero de la empresa pública.
La Mesa también dio luz verde a la comparecencia de Serrano ante la Comisión de Hacienda para que explique «la cantidad de dinero público invertido en rotular las furgonetas de Correos con motivo del Día del Orgullo Gay».
Ambas iniciativas inician así su trámite parlamentario aunque aún no está garantizado que lleguen a buen puerto ya que será necesario que reciban el apoyo de la mayoría.
«¡Trinque de hoy! ¡Espectacular!»
Javier Chicote.-
Roberto Ducay, hoy ex director Financiero y de Expansión del Grupo Correos, fue expulsado de la Asociación Española de Directivos (AED), en la que representaba a la empresa pública, tras protagonizar un escándalo de tintes sexuales. En la madrugada del pasado 11 de junio, Ducay difundió en el grupo de WhatsApp de la AED una fotografía de una mujer duchándose junto al mensaje «Trinque de hoy. Espectacular!!!». El directivo envió también unos pantallazos de la conversación con la mujer, en los que se negociaba el precio del servicio sexual. El directivo de Correos se ufanaba de que ella pedía 200 euros, porque era la tarifa a domicilio, y, tras regatear, se cerró por 150. Junto al pantallazo ponía «Maestro!!!».
ABC
El PP registra una proposición no de ley para el cumplimiento íntegro de las penas de sedición
La concesión de semi-libertad a los políticos independentistas condenados por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre ha levantado ampollas en el PP. Los populares se pusieron manos a la obra y ayer mismo registraron en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a tomar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento "real y efectivo" de las condenas impuestas por terrorismo, sedición y delitos contra la Constitución.
Los populares concretan estas acciones en nueve puntos siendo el primero la ejecución "de cuantas modificaciones legislativas sean necesarias" para garantizar "la correcta aplicación por las autoridades autonómicas catalanas de las normas penitenciarias cuya competencia tienen transferida".
El paquete de propuestas contempla también el empleo de "todos los cauces" posibles para que los condenados por delitos de sedición no puedan acceder al tercer grado, la renuncia a cualquier negociación con el ejecutivo vasco para transferir las competencias penitenciarias también a esta comunidad o la paralización de la política de acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo.
Los populares también encuentran necesario que se modifique el Reglamento Penitenciario para que no pueda utilizarse de forma arbitraria, para "abrir la puerta a la impunidad" o para que se produzcan "agravios comparativos" entre los presos.
Asimismo, defienden la importancia de reformar el Código Penal para "recuperar el delito de rebelión impropia", "introducir el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por rebelión, sedición y terrorismo" o "restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal".
Por último, abogan por "impedir de forma efectiva los homenajes públicos a terroristas" y reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para que las formaciones que tengan condenados en sus filas por los delitos de rebelión, sedición, colaboración con banda terrorista o apología del terrorismo no puedan recibir fondos públicos.
ABC
El armador del Rúa Mar, responsable de la muerte de los seis tripulantes, según la Policía
Cuando el Rúa Mar naufragó a unas siete millas de Tarifa el 23 de enero, la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía sabía que el siniestro no fue solo culpa del temporal. El palangrero que había zarpado de Barbate tenía un objetivo aquella noche: cargar hachís en aguas marroquíes. Por eso salió a faenar mientras el resto de la flota se quedaba amarrada. Los investigadores llevaban meses siguiendo el rastro de varios pesqueros que habían optado por diversificar el negocio. Los seis tripulantes se hundieron con su barco y, pese a la intensa búsqueda, solo se pudieron recuperar dos cuerpos, el del patrón Antonio Javier Maza y el del marinero Óscar Maquera.
Ayer, el armador del Rúa Mar, Pedro Manuel Maza fue detenido por los agentes, junto a su padre, el creador de la empresa «Pesqueras Tamares» y otras tres personas. Todas ellas son sospechosas de trabajar para el archiconocido clan de los Pantoja, los reyes del tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar. Su jefe, Jesús Heredia, fue detenido a finales de junio sin imaginar que quienes transportaban su mercancía y lavaban parte de sus beneficios eran los siguientes de la lista.
«Narcopesqueros»
El Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional investiga desde mayo del año pasado la actividad de varios barcos reconvertidos en «narcopesqueros». Cuando las lanchas neumáticas se empezaron a controlar, el negocio viró hacia los barcos de pesca que faenan en aguas marroquíes. Allí fondean y un barco nodriza les abastece: unos 1.500 kilos de hachís por viaje, un negocio redondo, muy alejado de las penurias y las restricciones de los caladeros. Antes de que se hundiera el Rúa Mar ya se habían intervenido un par de embarcaciones con el mismo método. El palangrero iba a ser el siguiente pero se fue a pique. Se cree que cargaba unos dos mil kilos de droga, una cantidad similar al que fue apresado anteriormente.
Su armador, Pedro Maza, tío del patrón que aquella noche iba a la caña y cuyo cuerpo fue uno de los recuperados, conocía la posición del pesquero y los problemas que sufrió pero no facilitó la información para su rescate. Los agentes lo consideran responsable de seis homicidios imprudentes, además de imputarle un delito de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Tanto él como los otros cuatro detenidos estaban a las órdenes de Jesús Heredia y su clan (se les llama los Pantoja porque el padre de Jesús, ahora en prisión, es primo de la cantante Isabel Pantoja). Tenían una doble función: alijar mercancía y blanquear beneficios a través de sus empresas poniendo su estructura económica al servicio de los narcos.
Los agentes de la Brigada Central intervinieron ayer cuatro barcos y llevaron a cabo siete entradas y registros en varios puntos del Campo de Gibraltar, en una operación que continúa abierta y en la que se busca desmantelar la organización y la estructura económica que la ampara. En uno de esos registros encontraron un zulo zulo vacío en Los Barrios, un escondite de droga.
«Heredia y los suyos no supieron en ningún momento que estábamos detrás de la parte de la organización de los pesqueros, creían que esa la tenían a salvo», explican a ABC fuentes de la investigación, convencidos de que es un golpe mortal al blanqueo de este poderoso clan.
La operación policial llevaba meses diseñándose pero tuvo que retrasarse por la crisis del coronavirus. Luego se decidió aplazarla hasta que cayera Heredia, que estaba fugado y fue arrestado cuando comía con su familia en una pizzería de Chiclana. Otro de sus familiares fue capturado ayer. Está previsto que los detenidos pasen a disposición de juez de la Audiencia Nacional entre el jueves y el viernes.
ABC
Ignacio González, del ático de lujo a la trama del Canal
El caso del lujoso ático del expresidente de la Comunidad de Madrid ha dado que hablar durante casi ocho años, desde que se denunció y hasta que el juez lo ha archivado de forma provisional. Entretanto, Ignacio González pasó de la vicepresidencia a la presidencia de la región, fue apartado por Cristina Cifuentes y luego detenido en el marco de la operación Lezo.
La grabación de Villarejo
El 29 de noviembre de 2011 los comisarios José Villarejo y Enrique García Castaño se citaron con el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid en una cafetería de la Puerta del Sol. Villarejo, que grabó el encuentro, preguntó al político por el inmueble, pese a que no había entonces ninguna investigación oficial abierta. El excomisario dijo haberlo hecho «por interés policial».
Denunciado por el SUP y apartado por el PP
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció a González en octubre de 2012. Tras filtrarse varias informaciones, en 2015 Mariano Rajoy prescindió de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid desde que había sustituido a Esperanza Aguirre en 2012. La lista del PP a la Comunidad de Madrid la encabezó Cristina Cifuentes.
La Fiscalía pidió el archivo en diciembre
Tras más de siete años de pesquisas, la Fiscalía de Málaga pidió al juez de Estepona el sobreseimiento provisional el pasado mes de diciembre. El Ministerio Público había comprobado que no había indicios suficientes que pudieran apoyar la imputación por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales a través de la sociedad que intervino en la operación inmobiliaria.
La operación Lezo lo llevó a prisión
Antes, el 18 de abril de 2017, agentes de la UCO de la Guardia Civil detuvieron a Ignacio González en el marco de operación Lezo, la trama de corrupción del Canal de Isabel II. Imputado por varios delitos, estuvo en prisión preventiva hasta noviembre de ese año, cuando obtuvo la libertad bajo fianza de 400.000 euros. La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel por los presuntos delitos de fraude y malversación.
ABC
La Generalitat despacha la «semilibertad» de los presos separatistas por la vía rápida
Tenían un plazo de dos meses para avalar, o no, el tercer grado -«semilibertad»- que las cárceles catalanas propusieron para los presos independentistas, pero la Generalitat solo ha necesitado doce días. Doce días para dar el visto bueno a que los líderes del 1-O, condenados a penas de hasta 13 años de prisión por sedición, solo deban regresar a dormir a la cárcel de lunes a jueves, y que los fines de semana pernocten en casa. Un nuevo paso hacia la libertad de quienes los responsables de las cárceles catalanas -la Generalitat tiene la competencias en la gestión penitenciaria- consideran que son «presos políticos».
Los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles donde los nueve líderes cumplen condena -Lledoners, Wad Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Gerona)- propusieron el pasado 2 de julio, por unanimidad, pasar a los líderes secesionistas del segundo grado -régimen ordinario-, en el que hasta ahora estaban clasificados, al tercero -«semilibertad»-. Ayer, el servicio de clasificación de la secretaría de medidas penales, dependiente de la Consejería de Justicia, lo certificó, algo que se daba por hecho, pues son escasas las ocasiones en que enmienda las propuestas de las juntas de tratamiento. Solo nueve meses después de que el Supremo dictase la sentencia del «procés», la Generalitat deja en «semilibertad» a Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Forcadell, Bassa y los «Jordis».
Aplicación inmediata
Que los líderes secesionistas puedan beneficiarse de las ventajas del tercer grado será cuestión de pocos días, según explican fuentes penitenciarias. Una vez avalada la «semilibertad», su aplicación es inmediata. Solo falta que los centros penitenciarios comuniquen la fecha en que se materializa, los horarios a los que los reclusos estarán sujetos y, si es necesario, los cambios en las actividades que los líderes independentistas ya llevan a cabo fuera de las cárceles gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permite salidas casi diarias pese a estar en segundo grado.
Hoy todavía saldrán de la cárcel a sus quehaceres diarios por los beneficios del 100.2, pero es previsible que de cara al fin de semana lo hagan ya gracias al nuevo grado clasificatorio y por tanto duerman el sábado en casa.
Aunque la aplicación del tercer grado es automática, a la Fiscalía le queda la carta de recurrir esta decisión ante el juzgado de violencia penitenciaria. Fuentes del ministerio público explican que es probable que así lo hagan, después de que se hubiesen opuesto ya -por ahora, sin éxito alguno- a la aplicación del artículo 100.2 al considerar que no era otra cosa que un «tercer grado encubierto». El hipotético recurso habría de presentarlo ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, y, en última instancia, acabaría en la mesa del Supremo, por haber sido el tribunal que los condenó. Esta es una diferencia sustancial respecto a los recursos contra el 100.2, que, en principio finalizarían su recorrido en la Audiencia de Barcelona. De todas formas solo una decisión judicial podría enmendar el tercer grado de los presos, que, entretanto, seguirán beneficiándose de la «semilibertad». Es decir, regresar a dormir a la prisión -o centro abierto- de lunes a jueves, pernoctar en casa los fines de semana y disponer de más días de permisos ordinarios a lo largo del año de los que disfrutaban hasta ahora con el segundo grado penitenciario.
La Consejería de Justicia defendió ayer que «las resoluciones son el resultado de un análisis individualizado», pero que, en todos los casos, han tenido en cuenta el comportamiento en prisión de los líderes independentistas, su participación en actividades dentro de la prisión, la colaboración que muestran con otros internos -y también con los trabajadores de las cárceles-, así como haber cumplido a raja tabla con las condiciones de los permisos que hasta ahora han disfrutado. También han tenido en cuenta, según informó ayer este departamento, que ninguno de los presos del 1-O cuenta con expedientes disciplinarios ni incumplimientos judiciales; que además disponen de una red social y familiar favorable a su rehabilitación. y que su pronóstico de reincidencia es bajo, siempre según los datos facilitados por la Consejería de Justicia, que pilota la republicana Ester Capella.
Concesiones exprés
No es nueva la velocidad con la que la Generalitat avala ahora la «semilibertad» de los presos del «procés», ocho meses después de que el Supremo les condenase a penas de entre nueve y trece años de cárcel por sedición y malversación. La propuesta de este tercer grado para los presos secesionistas por parte de las juntas de tratamiento ya fue más rápido de lo que suele ser habitual para el común de los presos. Las estadísticas disponibles sobre la población reclusa no permite hacer una comparativa precisa, pero sí constatar que la concesión a los políticos ha sido más rápida que la media en cuanto al tiempo de cárcel cumplido en prisión hasta el tercer grado.
A velocidad de crucero se les había beneficiado también con la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario -tal y como publicó ABC en exclusiva-, con el que se les permitía salir casi a diario a trabajar, hacer actividades de voluntariado o cuidar de familiares, una serie de prerrogativas que ya les acercaban al tercer grado, ahora confirmado. Los datos a los que tuvo acceso este diario indicaban que cuando las juntas de tratamiento le concedieron el 100.2 a todos los presos del «procés» eran solo 120 los internos de las prisiones quienes lo disfrutaban, de un total de 6.500 clasificados en segundo grado, que podrían haber optado. Pero si su concesión ya era de por sí excepcional, lo fue también la rapidez con que se les aplicó: hasta diez veces más rápido que el resto de presos, si se toma como referencia la fecha en que se dictó la sentencia, el 14 de octubre de 2019 en el caso de los líderes independentistas condenados.
La consecución de este tercer grado cierra, de momento, la continua disputa entre ERC -responsable de las prisiones- y los posconvergentes a cuenta la gestión de la estancia carcelaria de los líderes independentistas. En esa perenne guerra interna del secesionismo, los republicanos fueron criticados por no haberse clasificado ya en tercer grado a los presos desde un primer momento, lo que, por otra parte, habría podido haber sido revisado por el Supremo -no así el 100.2, a menos en principio-. Desde el entorno posconvergente también se les criticó que, con la crisis del Covid, la Consejería se plegara a las advertencias del Supremo, que les avisó de que ejercería acciones contra los técnicos de las juntas de tratamieto si los dejaban libres durante la pandemia como medida para frenar contagios.
ABC
Roger Torrent acusa al Estado de espiarle con una app israelí
El presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, acusó ayer al Gobierno de estar detrás de una operación de espionaje político que implicó el «hackeo» de su móvil en 2019. El presidente de la cámara autonómica dio así validez a una información periodística difundida este martes por «The Guardian» y «El País» según la cual su teléfono había sido pinchado con una aplicación de origen israelí en 2019. Para Esquerra, no cabe duda de que detrás de esta acción están las denominadas «cloacas del Estado», que habrían conseguido grabar conversaciones, revisar el historial de búsqueda y el registro de llamadas de Torrent aprovechando una caída en los sistemas de seguridad de Whatsapp.
«Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran. Es impropio de una democracia que los aparatos del Estado espíen de forma ilegal a los adversarios políticos», afirmó ayer Torrent en una declaración institucional organizada de urgencia en el Parlament. Según el dirigente de ERC, estas informaciones ponen a España a la altura de países como Marruecos o Arabia Saudí.
Así las cosas, Torrent acusó al Estado de espiar a la «disidencia política» con «escuchas prospectivas» dirigidas a criminalizar al movimiento soberanista. Por ello, prometió llevar a cabo «todas las acciones políticas y legales que sean necesarias» para depurar responsabilidades y exhortó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a sumarse a esa cruzada contra lo que denominó «causa general» contra el independentismo.
La acusación de Torrent contra el Estado encontró la complicidad de Unidas Podemos en el Congreso. Allí, los de Pablo Iglesias se sumaron a un manifiesto impulsado por formaciones como Junts per Catalunya, el PNV, EH-Bildu, Más País y la CUP denunciando el espionaje a Torrent y al independentismo. «Una vez más las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales, no es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos», apuntaba el manifiesto leído, entre otros, por el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens.
Espionaje catalán
Las palabras de Torrent señalándose como víctima de una operación de espionaje motivaron al PP catalán a recordar que la Generalitat también usó una aplicación similar para seguir los movimientos de políticos y mossos contrarios al «procés». Según explicó a ABC el portavoz Santi Rodríguez, en 2013 el Govern reconoció haber estudiado el uso del programa «Cerberus», también israelí. Preguntado por el orígen de este caso de supuesto espionaje, el diputado no descartó que, de ser real, tuviera su germen en el propio ejecutivo autonómico y no en las entrañas del Estado. «El orígen de la trama igual está más cerca de Torrent de lo que ERC piensa», aseveró.
ABC
Quim Torra no confina en sus casas a los ilerdenses y mantiene el caos
La incertidumbre parece ser ya una divisa del día a día de la Generalitat de Cataluña que preside Quim Torra. Al cierre de esta edición, se desconocía el contenido exacto de la resolución firmada por Alba Vergés, consejera de Salud, y Miquel Buch, consejero de Interior, por la que el gobierno catalán establece medidas excepcionales en la comarca de Lérida afectada por un brote del Covid-19. La resolución, que Meritxell Budó confirmó al mediodía se había firmado, se envió al juzgado contencioso-administrativo correspondiente para su validación, tal y como requiere este tipo de decisiones que restringe derechos fundamentales. Aunque su contenido no se conocía y estaba pendiente el visto bueno judicial, Budó informó de que las medidas entraban en vigor a las cero horas del 15 de julio, es decir, esta pasada medianoche.
«La resolución se mantiene en la línea de la resolución que ya habíamos aprobado y con un plazo de 15 días, prorrogable», indicó la portavoz del gobierno catalán, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Generalitat. Sin embargo, siempre según sus palabras, en esta nueva resolución no se obliga al confinamiento domiciliario de los ciudadanos que viven en la comarca del Segriá (Lérida), que sí se solicitaba en la resolución desestimada por una juez, dando por válida la opinión de la Fiscalía, la noche del domingo al lunes. «No se ha decretado un confinamiento domiciliario, pero sí se ha dicho que solo se ha de salir de casa para lo que sea esencial. Es muy importante la concienciación ciudadana. No es estrictamente un confinamiento domiciliario, la gente podrá salir a pasear con su núcleo familiar», aseguró Budó, ayer.
Cierran los restaurantes
De esta manera, la Generalitat limita las entradas y las salidas de los municipios afectados por el brote del Covid-19 en la comarca ilerdense, excepto para los desplazamientos laborales y esenciales, para pruebas médicas y la movilidad por las autopistas y autovías. Además, entre las medidas aprobadas, siempre según las palabras de Budó, los ciudadanos pueden salir de sus domicilios para trabajar, acudir al médico, para cuidar a personas vulnerables, para realizar operaciones bancarias, para comprar en los comercios -que seguirán todos abiertos- y, entre otras excepciones, para hacer deporte.
Sí se prohíben los encuentros de más de 10 personas, así como las bodas, las misas y los funerales. Igualmente, la Generalitat cierra los teatros, los cines y las piscinas y los parques públicos, entre otros espacios lúdicos. Sí están abiertos los museos y las bibliotecas, pero con más medidas de protección sanitaria.
En relación a los restaurantes y los hoteleros, su actividad queda suspendida y los primeros solo pueden ofrecer sus servicios con entrega a domicilio y a recoger en los establecimientos, para evitar la concentración de personas que no son del mismo entorno familiar.
El Gobierno, con Torra
Este martes, también opinó sobre el embrollo jurídico la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo. En declaraciones a RNE, aseguró que había hablado con el vicepresidentes del gobierno catalán para recomendarle que recurriera el auto de la juez que desestimó el confinamiento domiciliario de Lérida.
«Discrepo de esa interpretación. Hemos visto autos en sentido contrario, lo cual es bastante normal en cualquier Estado de Derecho», señaló. Y añadió: «Se lo dije a Pere Aragonès ayer: creo que ese auto habría que recurrirlo. La Generalitat tiene competencias para determinar decisiones que afectan a la movilidad que no requieren el rango mayor de la alarma».
Sin embargo, fuentes de la Generalitat consultadas ayer por ABC aseguraron que el auto no lo recurrirán porque «no hará falta», al haber aprobado una nueva resolución.
ABC
El Juzgado de Instrucción número 2 de Lerida y el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, ambos en funciones de guardia, han aceptado el grueso de las medidas extraordinarias solicitadas por la Generalitat para aplicar en la comarca del Segriá (Lérida) y en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se han detectado brotes del Covid-19.
Los dos jueces han ratificado las dos resoluciones que este martes la Generalitat aprobó, en el marco del Procicat y con el visto bueno de los consejeros de Sanidad, Alba Vergés, y de Interior, Miquel Buch, y envió a la Justicia para que, siguiendo el trámite legal ordinario, se autorizaran las restricciones y limitaciones de derechos, que en ninguno de los dos casos incluye el confinamiento domiciliario.
El juez (sustituto) Ramon Salada Virgili de Lérida ha dado por buenas las medidas solicitadas por la Generalitat con la única excepción de su aplicación en la localidad de Massalcoreig, al considerar que el número de contagiados (bajo) no justifica restringir derechos en este pueblo, y ordena al gobierno catalán que informe semanalmente del desarrollo de la pandemia. Autoriza las medidas para quince días.
La Fiscalía, por su parte, no se ha opuesto a la mayoría de las medidas propuestas para Lérida. Tan solo ha puesto reparos a limitar las reuniones, que la Generalitat fija en diez personas. Una limitación que el juez sí ve proporcionada ya que las reuniones «se han demostrado ser un foco de contagios».
En Hospitalet sí se pueden hacer reuniones
Sin embargo, el juez Jaime Conejo Heredia de Barcelona sí ha aceptado esta petición de la Fiscalía en las medidas a aplicar en Hospitalet. Es decir, en esta localidad del área metropolitana de Barcelona, no se pondrá en marcha la limitación de las reuniones, como tampoco la prohibición de funerales, misas y actos deportivos.
El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona sí ha aceptado el resto de las medidas incluidas en la resolución para tres barrios de Hospitalet. La Generalitat, señala el magistrado, puede imponer «recomendaciones y/o limitaciones mínimas» pero no así las medidas que pretenden «limitar las reuniones familiares y sociales, las actividades religiosas y las deportivas en tanto que sí afectan a un derecho fundamental».
En el auto, el juez recuerda que el decreto ley aprobado recientemente por el gobierno catalán, que modifica la ley de salud pública autonómica, no permite a la Generalitat la limitación de los derechos fundamentales, una potestad que debe pedirla el Gobierno y autorizarla el Congreso.
ABC
El PP irrumpe como primera fuerza en el Congreso gracias, principalmente, a una clave cargada de significado político en esta España fragmentada: con el 27,6% de los votos (un punto y medio menos que el PSOE, cuatro escaños más), Pablo Casado se ve catapultado a la primera posición. Es el premio a la unidad de voto.
La diferencia creciente sobre Vox y especialmente sobre Ciudadanos propicia que en muchas circunscripciones, especialmente en las más pequeñas, el PP se sitúe como primero. La concentración del voto de centro-derecha y de la derecha en torno al PP es la catapulta que permite a Casado dar el sorpasso al PSOE, a pesar de que en porcentaje de voto siga por detrás. En total, según la encuesta de GAD3 que hoy publica ABC, el PP supera al PSOE en 30 provincias. El mensaje para el votante que el pasado 10 de noviembre se dividió entre PP, Vox y Cs es claro
Es importante detenerse en las fechas del trabajo de campo realizado por los profesionales de GAD3: entre el 6 y el 14 de julio, hasta ayer mismo. Es decir, la encuesta incorpora el sentir general tras las elecciones vascas y gallegas del pasado domingo y, por supuesto, la gestión del Gobierno durante la crisis del Covid y las distintas estrategias de oposición. Como en las últimas encuestas publicadas por este periódico, el bipartidismo se refuerza y los tres partidos «nuevos» siguen lejos de los resultados del 10 de noviembre: Vox pierde 19 hasta los 33, Unidas Podemos 10 hasta los 25 y Ciudadanos cuatro hasta los seis. El PSOE, por su parte, mejora porque recoge el 40 por ciento de los votos que pierde Pablo Iglesias. El 60% restante aún no sabemos adónde van, si es que no se quedan en casa.
Conviene atender las encuestas de GAD3. Según difundió ayer Electomanía, la encuesta que publicamos el domingo al cierre de los colegios electorales fue la que más se acercó al resultado final. No es la primera vez. GAD3 fue la mejor, y el CIS -oh, casualidad- fue la peor. No hay más preguntas, señoría.
ABC
Estabilizados dos conatos de incendio en Gran Canaria
En la noche de este martes, pasadas las 21:00 horas, se declaró un conato de incendio en los municipios de Mogán y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, apenas un año después del gran incendio que asoló más de diez mil hectáreas. En una zona forestal, principalmente de monte bajo y cercana a la carretera GC-200, se produjo el fuego que fue visible desde las viviendas de El Draguillo.
Esto último facilitó la rápida intervención de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, del parque de Puerto Rico, efectivos de la Policía Local de Mogán y de la Guardia Civil. Los efectivos tardaron poco minutos en llegar a la zona del incendio, lo que ha posibilitado que se evitará su rápida propagación. Hora y media después, según informa Canarias7, se ha dado por estabilizado el incendio afectando a una superficie de monte bajo, si bien aún está por determinar la superficie incendiada que se ha visto afectada.
Controlado también el foco de Llanos de la Pez
Asimismo, el pasado lunes, otro conato de incendio ha disparado las alarmas pasado el mediodía en el área recreativa de los Llanos de la Pez. Según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, el fuego ha afectado a unos 1.500 metros cuadrados de superficie, por lo que todo quedó «en un susto». Hasta allí se desplazaron efectivos de la Brigada Bravo y Presa, del consorcio de Emergencias y dos helicópteros.
ABC
Arancha González Laya le envió un mensaje al Gobierno de Nicolás Maduro: las elecciones deben ser «democráticas, legítimas y limpias». La buena voluntad de la ministra de Asuntos Exteriores, se da de bruces con la realidad. En Venezuela, desde que llegó Hugo Chávez y le sucedió el cachalote de su delfín, limpio, lo que se dice limpio, no queda nada. Todo, está podrido y especialmente el sistema electoral y el poder judicial.
Las que hemos puesto un pie en Caracas (aunque hayamos vuelto con él hecho trizas) pudimos comprobar que el terreno que se pisa es puro fango y el régimen, ni siquiera se molesta en disimularlo. Se detiene en la calle a políticos, periodistas, disidentes, estudiantes y gente sin «carnet de la patria», a la que se somete a torturas antes de matarles o abrirles la ventana del décimo piso del Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia) para que salgan «volando». Esas imágenes se repiten y el que no las reconoce es porque no quiere verlas.
El Estado venezolano es una farsa, sin derechos, construida por una organización de terroristas y narcotraficantes, que se envuelven en la bandera del socialismo del siglo XXI, con la ayuda de Cuba, la izquierda latinoamericana trasnochada, el PSOE de ZP, el sector podemita del Gobierno y, ahora, con Baltasar Garzón como defensor de Álex Saab, el «presunto» testaferro de Maduro. La red, como una tela de araña, se extiende por todos los rincones e instituciones del país. Y la ministra, lo sabe.
La batalla o la guerra por el voto, que se avecina el 6 de diciembre, tiene una crónica de vencedores y vencidos anticipada. A un lado hay un ejército organizado que controla todos los resortes de las urnas. Y en el otro, un pueblo y una oposición (la de verdad) escarmentada que ha tropezado demasiadas veces en la misma piedra tramposa. Imaginar que las elecciones van a ser «limpias» es una bonita expresión de deseo aunque la realidad, salvo desembarco con intervención externa, será otra. Lo dijo hace unos días Vladimir Padrino López: «mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos antimperialista, revolucionaria y bolivariana, la oposición nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela».
ABC
Malestar vecinal por los okupas en un edificio de la calle de las Bulas en Toledo
La ocupación ilegal de viviendas no es un fenómeno de ahora, pero es cierto que el confinamiento derivado del coronavirus ha vuelto a poner encima de la mesa este asunto. El estado de alarma ha provocado que muchos propietarios de segundas residencias no pudieran desplazarse hasta ellas y esto ha abierto las puertas a algún que otro episodio de okupas.
En días anteriores el diario ABC viene contando a sus lectores una serie de episodios de este tipo de en diferentes puntos de la provincia de Toledo, pero la capital toledana tampoco se salva de este fenómeno. Así se lo han hecho saber a este medio algunos de los vecinos de un zona del Casco Histórico, después de que en las últimas semanas un bloque de viviendas haya sido ocupado ilegalmente por un número considerable de personas, entre ellas familias con niños.
Según ha podido saber ABC, se trata en concreto de un bloque de viviendas ubicado en la calle de las Bulas, número 42, en pleno barrio de la Judería de Toledo. Un edificio que fue reformado allá por el 2008 y que, debido a la crisis económica, no se vendió ni se alquiló. Así ha estado, hasta que hace unos tres años, según comentan los vecinos, comenzaron a llegar los primeros moradores a uno de los cuatro pisos que componen este bloque, con los que dicen no habían tenido ningún problema.
Sin embargo, desde hace unos dos meses, y más en concreto desde principios de julio, la convivencia se ha deteriorado ante la llegada de un número mayor de personas, entre ellas familias con niños, que han ocupado ilegalmente el resto de las viviendas. Son estos últimos moradores, según señalan, los que están generando más situaciones de ruido y peleas que tienen atemorizado al vecindario de esta tranquila, hasta ahora, plaza del centro de Toledo.
Quejas de los vecinos
«Los vecinos mayores y los niños antes hacían vida en la plaza, pero ya no. La convivencia cada vez es más difícil y los gritos son espectaculares. Esto es un sinvivir», narra a ABC una de las vecinas, que relata una serie de lo que ella entiende infracciones en las que incurren estos okupas. Entre ellas, cita la de sacar la basura durante el día -fuera del horario permitido-, tender la ropa en el exterior, el excesivo ruido e incluso saltarse la prohibición de aparcar y acceder con el coche hasta la plaza, donde descargan los bidones de agua que llevan hasta las viviendas, donde no tienen suministro.
Bolsa de basura a la puerta del edificio durante el día, cuando está prohibido
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H. Fraile
Todas estas quejas han llegado en varias ocasiones tanto a la Policía Local como a la Nacional, que han acudido hasta el lugar para conocer cuál es la situación. Sin embargo, los agentes policiales aseguran que no pueden hacer nada si no existe una denuncia del propietario de las viviendas, que en este caso es el administrador único de la empresa que construyó este bloque de cuatro pisos. Con él han intentado contactar varias veces los vecinos de la zona para que actuase, pero de momento les ha sido imposible.
Los hechos son de sobra conocidos por el Ayuntamiento de Toledo, que ha intentado igualmente contactar con el propietario, pero en vano, con el fin de solucionar esta situación, para la que se precisa la intervención de servicios sociales, ya que hay niños de por medio. Eso sí, según informan desde la Policía Nacional, hasta el momento no han tenido denuncia de ningún tipo contra los moradores de esas viviendas, aunque sí que tienen constancia de las quejas vecinales. Es por ello que se desplazaron hasta allí para tomar declaración e identificar a los habitantes de los pisos, sin constar en ninguno de los casos antecedentes policiales ni delito alguno.
Este problema de la ocupación ilegal de viviendas es más preocupante, si cabe, en el Casco de Toledo, donde se cuentan por cientos los solares vacíos y en estado ruinoso. De hecho, al lado del bloque de pisos del número 42 de la calle de las Bulas hay otro edificio cuyo propietario, que tenía intención de rehabilitarlo, decidió tapiar la puerta y las ventanas al haber sufrido episodios similares con okupas.
Asimismo, en otro solar aledaño se iba a comenzar a hacer una reforma del edificio antiguo para construir nuevas viviendas, pero las empresas constructoras han decidido no hacerlo por el miedo a que los okupas se lleven los materiales de construcción o incluso a que en un futuro se puedan meter en ellas también.
«Indefensión e impotencia» son las palabras más repetidas en el vecindario, que piden que se tomen cartas en el asunto y se actúe con medidas punitivas, y que por eso ven con buenos ojos una legislación más dura contra la ocupación ilegal de viviendas, algo que están promoviendo diferentes partidos en varias instituciones. «¿Qué imagen queremos dar de Toledo?», se preguntan los vecinos, que alertan de que «como esta gente empiece a ocupar el Casco Histórico, estamos perdidos».
ABC
EE.UU. declara «ilegales» la mayoría de las reclamaciones de China en el mar del Sur
La escalada de tensión entre EE.UU. y China inicia un nuevo episodio alrededor de las reclamaciones territoriales del gigante asiático en el Pacífico. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció ayer un «fortalecimiento» de la política exterior de EE.UU. en la región.
«Que quede claro: las reclamaciones de Pekín sobre los recursos marítimos en la mayor parte del Mar del Sur de China son completamente ilegales, al igual que lo es su campaña de intimidación para controlarlos», dijo Pompeo. Para el jefe de la diplomacia estadounidense, «el mundo no permitirá que Pekín trate al Mar del Sur de China como su imperio marítimo» y aseguró que EE.UU. «está del lado de sus aliados y socios en el Sudeste Asiático en la protección de sus derechos soberanos a sus recursos marítimos».
El anuncio se produce un día después de que China estableciera sanciones contra legisladores y diplomáticos estadounidenses ?entre ellos, los senadores y excandidatos presidenciales Ted Cruz y Marco Rubio?, como respuesta a otras acciones punitivas de Washington por la aprobación de una agresiva ley de seguridad en Hong Kong, el territorio autónomo bajo control de China.
Desde la última década, China ha buscado reforzar sus reclamaciones en las aguas de esa parte disputada del Pacífico, donde ha establecido instalaciones militares en islas que otros países consideran parte de su soberanía, como las islas Paracel y las Spratly.
Pompeo se refirió a una decisión de 2016 de un tribunal de arbitraje de La Haya que rechazó las pretensiones de China y dictaminó a favor de Filipinas en buena parte de las reclamaciones. Aseguró que EE.UU. se «alinea» con esa decisión y detalló que rechaza casi todas las pretensiones de China en la región, que disputan países como Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Brunei y Taiwan.
«Estamos de lado de la comunidad internacional en la defensa de la libertad en los mares y en el respeto a la soberanía y rechazamos cualquier intento de imponer que ?la fuerza da derecho? en el Mar del Sur de China y en el resto de la región», concluyó Pompeo.
El jefe diplomático no dio pistas sobre qué actuaciones se tomarán para defender este fortalecimiento de su política exterior respecto al Mar del Sur. La Armada de EE.UU. hace incursiones rutinarias ?en las llamadas operaciones «Libertad de Navegación»? en el Mar del Sur, que China siempre considera como una violación a su soberanía. Ayer mismo, un buque de la Armada navegó en las inmediaciones de las islas Spratly.
Provocar tensión
La respuesta de China no tardó en llegar, calificando de «injustificada» la postura de rechazo de EE.UU. a las reivindicaciones de Pekín en el mar de China Meridional. Una postura que «intenta sembrar la discordia» entre los países implicados, informa Ep.
En un comunicado difundido por la Embajada de China en EE.UU., Pekín critica que la declaración de EE.UU. «ignora los esfuerzos de China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático por la paz y la estabilidad en el mar de China Meridional».
Así, a su juicio, «distorsiona deliberadamente los hechos y el Derecho Internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y exagera la situación en la región». «La parte china se opone firmemente a ella», insiste la legación. Señala también que «bajo el pretexto de preservar la estabilidad, está provocando tensión e incitando a la confrontación en la región. Bajo el pretexto de defender la libertad de navegación y sobrevuelo, vulnera imprudentemente el mar y el espacio aéreo territoriales de otros países».
ABC
Claves del conflicto Huawei y el 5G
Con la retirada del mercado en Reino Unido, Huawei se ha quedado sin una de sus bazas más importantes en el desarrollo de la tecnología 5G. Las presiones de Washington han sido muy fuertes. Después de valorar intensamente el mercado, el Gobierno británico ha ordenado la retirada de todo el equipamiento del fabricante chino para 2027
¿Por qué es tan importante la tecnología 5G?
Las redes móviles de quinta generación, conocidas popularmente como 5G, forman parte de una serie de ambiciosas tecnologías que marcarán las comunicaciones digitales en los próximos años. Es la evolución de las redes inalámbricas 4G (LTE). Además de conseguir una menor latencia (tiempo de respuesta), también aumenta la capacidad de comunicación simultánea entre dispositivos así como la velocidad de transmisión, llegando a velocidades en un entorno ideal de hasta 10 Gbps (100 veces mayor que la tecnología actual). Es la base tecnológica para el desarrollo de la industria robotizada, el auge de los vehículos autónomos, la implantación de la telemedicina, la aparición de nuevos servicios digitales o la era del «Internet de las Cosas».
¿Por qué Huawei se ha puesto por delante de sus competidores?
Huawei es un actor clave en el despliegue de la próxima generación de internet. Existen tres motivos por los que el fabricante chino se ha situado en las primeras posiciones de esta batalla que ha trascendido el plano comercial. El primero se debe a que lleva trabajando en su desarrollo desde hace mucho tiempo, incluso antes de su estandarización. Es uno de los pioneros en este campo. Ha destinado grandes inversiones en investigación desde hace una década, lo que le ha permitido situarse en la primera plaza de las contribuciones técnicas, por delante de Ericsson y Nokia. El segundo tiene que ver con su capacidad para escalar esta tecnología. Puede desarrollar todos los elementos necesarios para su implementación, desde los routers, los elementos que forman parte del «core» (lo más sensible de la red) hasta los chips para teléfonos móviles necesarios para la transferencia de datos. El tercer factor afecta a su modelo de negocio: todo ello le ha permitido la posibilidad de ofrecer sus equipamientos a precios más competitivos que sus rivales, logrando así liderar los contratos con teleoperadoras y autoridades públicas.
¿Por qué EE.UU. aboga que Huawei es un peligro?
El culebrón contra Huawei comenzó, realmente, en 2011 bajo el gobierno de Obama, que acusó a ZTE y Huawei de ser un peligro para la seguridad nacional. La Administración Trump ha continuado con esos postulados y el pasado año vetó a la firma china, impidiéndole mantener relaciones comerciales con las empresas estadounidenses bajo la amenaza de importantes sanciones. EE.UU. acusa a la marca de ser un instrumento de espionaje a favor del régimen comunista chino, aunque no existen evidencias al respecto. Unas acusaciones que la empresa, que no cotiza en bolsa, siempre ha negado. Se teme que existan «puertas traseras» que permitan acciones de ciberespionaje por el régimen chino.
¿Cuál es la posición de España en la tecnología 5G?
Hasta ahora, Europa ha considerado a Huawei como un socio imprescindible en el desarrollo e implementación de la tecnología 5G. A medida que se ha incrementado la presión por la Administración Trump, la Unión Europea se ha dividido entre países partidarios de limitar la influencia de Huawei en el desarrollo de esta tecnología esencial para la sociedad del futuro y aquellos que han declinado intervenir dejando esta decisión en manos de las empresas de telecomunicaciones. En este segundo grupo se encuentra España, que se sitúa por el momento al margen del resto de potencias europeas. El Gobierno ha aprobado subvenciones públicas a la marca china y mantiene una alianza en ciberseguridad a través de un organismo público, el Incibe. Empresas de telecomunicaciones como Telefónica adjudicaron el año pasado el núcleo central de la red 5G («core») a Huawei pero cuando se realizó la adjudicación avanzó su interés en buscar un segundo proveedor diferente para no depender exclusivamente de un sólo proveedor, ni siquiera en las funciones centrales del sistema. El único operador en ofrecer estos servicios en la actualidad es Vodafone, que está presente en 24 ciudades con cobertura 5G. Desde su matriz también se prescindirá de parte del equipamiento de la firma china.
ABC
Ence registra pérdidas de 11,8 millones a marzo
Lastrada por los precios en mínimos de la celulosa
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Sánchez llama la atención a la banca por las quejas de autónomos y pymes con los avales ICO
Pide a las entidades que "trabajen" para que los créditos lleguen cuanto antes a pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia
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Aplazada la VIII edición del mercado gallego de artes escénicas
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Sánchez está estudiando prolongar los ERTEs
El teletrabajo será preferente hasta junio
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Feijóo no estará en el debate con el Gobierno en la Comisión de CC.AA. del Senado
La Xunta prevé que sea el vicepresidente Alfonso Rueda el que se desplace a la Cámara baja
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Multado con 600 euros un vecino de A Pobra do Caramiñal que incumplió 9 veces el confinamiento
El Correo Gallego
La desescalada arrancará el 4 de mayo y durará ocho semanas
Las aulas no volverán a abrir este curso salvo para clases de refuerzo y alumnos con padres trabajando // Cada fase durará dos semanas y se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar // Sánchez pedirá una nueva prórroga del estado de alarma // Pequeños locales con cita previa abrirán el 4 de mayo y el comercio minorista, el 11 de mayo // Los teatros y cines reabrirán en la fase 2 con butaca preasignada y limitación de aforo de un tercio
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Vivendas Aspronaga detecta 5 casos de COVID entre sus usuarios
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La OCDE asume el error de haber situado a España en el top 10 de países con más test
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Abel Caballero reivindica la idea de hacer "cuadrículas" en las playas
Abel Caballero afea a Feijóo que no hiciera "ni una llamada" al alcalde "de la primera ciudad" de Galicia
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